Alertan de los “graves problemas” que tendrá la desregulación del mercado farmacéutico que plantea el gobierno

BUENBOS AIRES, junio 24: El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay analizó el DNU 70 que busca liberalizar la actividad de las farmacias, generando cambios de importancia en el trabajo de los farmacéuticos.

Si bien fue rechazado por el Senado, el DNU 70 sigue vigente en el país, con algunos capítulos suspendidos por la justicia por su dudosa constitucionalidad. Uno de ellos es el que regula la actividad de las farmacias, que se desregula de manera muy marcada, lo que puede tener "graves problemas" en la salud de la población. Así lo dijo el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay, quien se especializó en los cambios al trabajo de los farmacéuticos a partir de este decreto, y que a seis meses de su publicación sigue generando rechazo en distintos espacios. Uno de los temas más sensibles es la salud y cómo afectó la actividad diaria de las farmacias, en particular, en la provincia de Buenos Aires. Para Sabsay, "es difícil responder qué va a pasar es muy difícil. Si en los legisladores prima el apego a la Constitución y al derecho, el DNU no debería aprobarse. Hay una tercera posibilidad que es que el DNU 70/2023 no sea tratado por Diputados, con la actual regulación el DNU queda vigente si no es rechazado expresamente por las dos cámaras del Congreso, lo cual creemos que es inconstitucional". "La idea detrás del DNU 70 fue liberalizar el mercado farmacéutico y aumentar la competitividad. Luego, el Gobierno dictó otro decreto, el 63/2024, para corregir algunas cuestiones, lo cual evidencia que 'legislar' mediante DNU es una práctica antidemocrática bastante ineficiente", dijo el abogado constitucionalista. Esta idea "choca con una concepción diferente de la actividad farmacéutica que entiende que el medicamento es un bien social y que defiende el uso racional de medicamentos, ya que las farmacias son una extensión del sistema de salud".

Alguno de los artículos más graves del DNU son aquellos que afectan "la actividad farmacéutica, como el 314, que permite a las farmacias constituirse mediante cualquier figura jurídica; o el artículo 319, que deroga artículos de la ley de farmacias, derogando al mismo tiempo la presencia efectiva de un profesional farmacéutico para la dispensa al público de medicamentos o eliminando el bloqueo exclusivo y excluyente de título profesional en un solo establecimiento sanitario". Asimismo, es un DNU que tiene pretensión de avanzar sobre el poder de policía provincial y las competencias no delegadas a la nación. "Es necesario recordar que la robustez de la legislación en la provincia de Buenos Aires la encontramos no solo en la ley 10.606 (de farmacias), sino también la Ley de Medicamentos 11.405, que establece prescripción por nombre genérico, la venta solo en farmacias y la presencia de un farmacéutico en cada uno de los eslabones de la cadena que recorre el medicamento", recordó Sabsay. En este sentido, marcó que "el DNU alienta la modificación de los requisitos establecidos en las leyes provinciales y posibilita la entrada de cadenas de farmacias desvirtuando los sistemas de salud provinciales". "Nuestro sistema constitucional se basa en la idea de división de poderes. El objetivo de esa idea es que 'el poder detenga al poder' y se generen frenos y contrapesos. Eso implica que el Poder Judicial no puede realizar sentencias sobre consultas jurídicas o legislación que le compete a los órganos políticos. Por eso los jueces son muy reacios a tomar casos en los que no se demuestra una afectación concreta, individualizada y no meramente hipotética o conjetural. Si los jueces opinaran de cualquier tema se podría violar la división de poderes, porque estarían ejerciendo facultades legislativas. Los rechazos a los planteos de inconstitucionalidad están viniendo por ese lado, en la dificultad de mostrar una concreta afectación, ya que no todo lo que es inconstitucional es declarado como tal por la justicia", dijo el especialista.

En una entrevista con el diario Ámbito Financiero, se le preguntó cómo impactará en la provincia de Buenos Aires el DNU, ya que hay una ley que regula las farmacias. "Obviamente el Gobierno nacional pretende que se imponga una visión desde el consumidor y la comercialización. Pero que el Estado nacional adopte medidas tendientes a facilitar la comercialización y distribución de medicamentos a nivel nacional, no puede afectar el alcance del ejercicio de la actividad de expendio de productos farmacéuticos en el ámbito local, lo cual es claramente competencia de la provincia. El Poder Ejecutivo crea un estado de incerteza a propósito", dijo. En el caso Farmacity, la CSJN "ya dijo que incumbe a la provincia decidir el nivel de protección de la salud pública que debe garantizarse en el expendio de medicamentos en los establecimientos farmacéuticos". "La apertura indiscriminada y la visión que el mercado debe organizar toda la actividad farmacéutica choca con las legítimas políticas públicas provinciales en la materia. El legislador provincial optó por un sistema de salud que permite asegurar un nivel más elevado de protección en la dispensa y en el abastecimiento adecuado de medicamentos a la población. Esto no puede ser afectado por un DNU que viola la división de poderes en sentido horizontal (Poder Legislativo Nacional), sino también vertical (a las jurisdicciones provinciales)", prosiguió. Por último, admitió que "existen intereses económicos detrás, que pretenden abrir indiscriminadamente un mercado, sin medir las consecuencias para la población. Es necesario entender que los farmacéuticos profesionales, luego de estudiar años, no explotan una farmacia con un mero ánimo de lucro, sino que también existen motivaciones que responden a un criterio profesional, basado en el conocimiento y la ciencia". "¿Cómo afecta a los bonaerenses? De la peor manera, porque expone a la población a problemas muy graves en un tema muchas veces irreversible como lo es la salud. Afortunadamente, veo que mientras el Gobierno nacional se maneja irresponsablemente, hay instituciones, cómo el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que trata de cuidar a la población. Los veo haciendo campañas de concientización y trabajando día y noche remarcando los peligros de estas medidas que se están tomando. Creo que el Gobierno aún está a tiempo de rever estas decisiones que se tomaron de forma inconsulta y dar marcha atrás", concluyó.