Crean una instancia de “pre juicio” para las disputas contra prepagas y obras sociales

BUENOS AIRES, junio 5: El denominado Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) busca evitar que la disputa entre afiliados y prestadores de la seguridad social lleguen a resolverse a la justicia.

En los últimos años, especialistas alertaron sobre un aumento de los juicios vinculados a la cobertura en materia de salud. La llamada "judicialización del sistema sanitario" es una tendencia creciente, y según datos que circulan en la actualidad en los últimos años se incrementó un 471 por ciento. En momentos donde la seguridad social vive una crisis de asistencia, el gobierno nacional lanzó una instancia de "pre juicio" para afiliados y prestadores de obras sociales y prepagas. Denominado Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), funcionará como una vía "optativa, rápida y menos costosa de resolver conflictos vinculados al acceso a prestaciones de salud sin necesidad de ir a juicio", según informó el Ministerio de Salud nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 379/2025, publicado ayer miércoles en el Boletín Oficial, y se aplicará a las controversias en salud donde estén involucradas obras sociales y entidades de medicina prepaga, amparadas por las leyes 23.660, 23.661 y 26.682. El nuevo procedimiento estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con participación del Ministerio de Salud, y entrará en vigencia dentro de 60 días. Por otro lado, el procedimiento establece plazos breves (entre 5 y 7 días) para las actuaciones del mediador y para la realización de las audiencias a fin de asegurar una resolución oportuna. "La judicialización de conflictos de salud creció un 471 por ciento en los últimos años, lo que saturó los tribunales y dejó a los pacientes sin soluciones rápidas en momentos críticos", informó el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, en una publicación en sus redes sociales. "Frente a este problema, creamos 'PROMESA': un procedimiento de mediación opcional, rápido, confidencial y seguro para resolver conflictos sanitarios sin necesidad de ir a juicio", anunciaron.

La participación de las partes en las audiencias de mediación requerirá de patrocinio o representación letrada. En ese sentido, el Ministerio de Salud informó que "se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no cuenten con recursos suficientes". Los mediadores serán designados por sorteo y deberán haber realizado una capacitación obligatoria para garantizar su idoneidad. Para ello se instrumentará "una colaboración activa entre los ministerios de Justicia y de Salud de la Nación con el fin de realizar los Programas de Capacitación y el Examen de Idoneidad". El Ministerio de Salud de la Nación tendrá "un rol fundamental en la capacitación que deberán realizar los mediadores que intervengan en el procedimiento para garantizar su idoneidad en las problemáticas vinculadas a salud". En el proceso de mediación, la cartera sanitaria nacional sólo intervendrá cuando sea convocada por las partes y en los casos que lo amerite. Su intervención tendrá como objetivo ayudar a que las partes alcancen un acuerdo satisfactorio. El marco legal del PROMESA contempla también la modificación del Registro Nacional de Mediación existente para incorporar a los mediadores especializados en salud dentro de su estructura. Estará dividido en el Registro de Mediadores, el Registro de Centros de Mediación, el Registro de Profesionales Asistentes y el Registro de Entidades Formadoras la autorización, habilitación y control sobre el desempeño de los mediadores.

Según informó la revista Quorum, el texto oficial advierte que la explosión de litigios por cuestiones de salud saturó al Poder Judicial, generando demoras críticas en la atención de reclamos urgentes, como los relacionados con enfermedades crónicas o tratamientos de alto costo. En 2024, se iniciaron más de 10.900 juicios por salud, y en lo que va de 2025 ya se acumulan casi 838 casos nuevos. En muchos de esos expedientes -señala el decreto- los pacientes no reciben soluciones efectivas a tiempo. Además, el volumen de causas impide una respuesta rápida de los tribunales, especialmente en los amparos y medidas cautelares. Para evitar que "los ciudadanos vean cercenado su derecho al acceso irrestricto a la salud", el Poder Ejecutivo definió como urgente la creación de una instancia alternativa y ágil, mediante la mediación, con plazos breves, costos menores y profesionales capacitados específicamente en conflictos sanitarios. El decreto también modifica artículos clave de la Ley 26.589, que regula la mediación prejudicial, e incorpora un registro específico de mediadores en salud, centros de mediación y entidades formadoras. Teniendo en cuenta que en 2024 se registró una suba porcentual en el número de amparos respecto al año anterior, y que este aumento se viene sosteniendo desde 2021, el gobierno nacional convocó a las jurisdicciones a crear "procedimientos similares para que la resolución de conflictos en materia de salud de forma ágil, dinámica y eficiente pueda implementarse en todo el territorio nacional." Se espera que esta iniciativa contribuya a "descongestionar el sistema judicial y a garantizar a los ciudadanos el acceso más oportuno y efectivo a las prestaciones sanitarias".