Estafa al IPROSS: Piden que la justicia ratifique las condenas a farmacéuticos

26.09.2024
VIEDMA, septiembre 26: La fiscalía ratificó sus argumentos ante el Tribunal de Impugnación, que resolverá si ratifica o modifica las condenas impuestas hace dos meses, en primera instancia.

Por realizar reiteradas estafas a la obra social de Río Negro, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano recibirán penas que oscilan entre los 6 años y medio y los 9 años y medio de prisión, según lo determinado por el fallo de primera instancia. En julio pasado, luego de un largo proceso judicial, los farmacéuticos fueron condenados por un desfalco millonario al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a través de medicamentos que no se dispensaban. El proceso judicial sigue luego de la condena en primera instancia, y esta semana se deberá ratificar o rectificar las penas. Este miércoles fue el turno de las exposiciones del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado, en su rol de querellante, cuyos representantes pidieron que se confirmen las penas impuestas a los involucrados. En tanto, los cuatro farmacéuticos condenados por la estafa al IPROSS y sus abogados defensores tendrán la oportunidad de decir sus palabras finales antes de conocer el fallo del Tribunal de Impugnación, que resolverá si ratifica o modifica las condenas impuestas hace dos meses, en primera instancia. En este sentido los fiscales, Teresa Giuffrida, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, como el abogado querellante, Federico Rosbaco, desacreditaron los planteos presentados el martes por los defensores, Patricia Espeche y Carlos Vila.

El tribunal de juicio que analizó sus conductas entre 2023 y 2024 determinó en julio que Fasano debía responder con nueve años y medio de prisión, Caffaratti con ocho años y medio, Mastandrea con ocho y Mascaró con seis años y medio, por el delito de estafas reiteradas agravadas en perjuicio de la administración pública, por hechos ocurridos entre 2013 y 2019, en concurso real. En el debate de esta semana, Rosbaco sostuvo que "la víctima no se ha opuesto a la reparación integral", como había dicho Vila, porque "no se ofreció nunca una reparación integral". "Hay un abismo entre la propuesta que alguna vez han cursado y la reparación integral", sintetizó, según el Diario Rio Negro. También se insistió, como hicieron en el juicio, en que el IPROSS pudo haber cometido errores en el control de los pagos reclamados por los farmacéuticos, pero de ninguna manera ello conduce a pensar que pudo existir algún tipo de responsabilidad en el perjuicio. "Estamos hablando de un volumen de 70 mil recetas mensuales. Esa es la complejidad que han aprovechado los imputados, para explotar las dificultades propias del sistema", afirmó el querellante. Rosbaco citó un fallo de la Corte Suprema que indica que toda estafa necesita de un descuido de la víctima, pero que eso no hace posible desplazar la responsabilidad por el engaño. Por su parte, el fiscal Ramos repasó la profusa documentación que acreditó la utilización de datos de afiliados que no tenían epilepsia o diabetes, pero que aparecían como compradores de medicamentos o insumos para esas patologías.

El caso comenzó a cobrar relevancia a principios de 2019, cuando el descubrimiento de recetas en una caja de zapatos dentro de una farmacia desató el escándalo y llevó al Colegio de Farmacéuticos de Río Negro a iniciar una investigación. Tras la magnitud de las irregularidades descubiertas, el caso fue trasladado a la Justicia, que procesó a siete individuos por su presunta participación en la estafa. En marzo pasado las cuatro personas habían sido declaradas penalmente responsables del delito de "estafas reiteradas agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública". Por los mismos delitos pero ante otro Tribunal, en 2022 habían sido condenadas dos farmacéuticas de Roca, en el marco de un juicio abreviado en el que ambas aceptaron su culpabilidad y una pena de tres años de prisión condicional. Con distintas modalidades, todas las estafas consistieron en simular ventas de medicamentos a afiliados de IPROSS. Eran remedios para enfermedades como epilepsia y diabetes, que tenían cobertura al 100 por ciento de la obra social.