Inician el primer proceso de revisión de la situación financiera de dos obras sociales

BUENOS AIRES, febrero 26: La Superintendencia de servicios de Salud intimó a dos entidades para que elaboren un plan de contingencia ante las dificultades económicas que experimentan. Podrían ser liquidadas si no revierten la situación.

A mediados de febrero, el gobierno nacional realizó un cambio clave en la seguridad social, que le permite liquidar obras sociales sindicales que están en problemas financieros. El Ministerio de Salud creó el denominado Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, creado en los últimos días por la resolución 102/2025 de la superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El mismo estará encargado de definir los destinos de entidades que no logren estabilidad en sus cuentas. Esta semana, debutó con las primeras denuncias. El espacio, a cargo de Ricardo Lara, declaró en "estado de crisis" a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo y Afines (OSPIF) y a la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut (OSTPyGP Chubut). Ambas entidades deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días para afrontar sus dificultades económicas. La medida fue oficializada a través de las resoluciones 174/2025 y 175/2025, publicadas en el Boletín Oficial. En el documento, el gobierno facultó a las Gerencias del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para monitorear el proceso. Además, el Gobierno estableció que cada una de las entidades tendrá 15 días de corridos para que presenten sus respectivos planes de contingencia para hacer frente a las dificultades financieras que presentan. En este sentido, aclararon que, "se podrá interponer un recurso de reconsideración y/o recurso de alzada dentro de los 20 y 30 días, respectivamente, contados desde la notificación de la presente; o la acción judicial pertinente, conforme el Decreto 1759/1972 y su modificatorio a elección del interesado".

Entre sus argumentos para tomar esta medida, la primera de su tipo, donde el gobierno interviene de forma directa en el sistema de la seguridad social, se alega que ambas obras sociales "se encuentran en situación de crisis por presentar -al 31 de agosto de 2024- un factor de criticidad superior al valor límite", que establecen las normativas vigentes. Con este nuevo plazo impuesto por el Gobierno, ambas obras sociales deberán presentar medidas concretas para revertir su situación financiera y garantizar la prestación de servicios a sus beneficiarios. Esta declaración llega tan solo dos meses después de que el Gobierno nacional interviniera la OSPIF, medida que se hizo oficial mediante la publicación del decreto 1118/2024. A cargo del proceso, designó a Mariano Luis Negro. En esa oportunidad, alegaron que "el agente auditado evidencia un significativo atraso en las presentaciones de los últimos balances con cierre al 30 de noviembre de 2020 y al 30 de noviembre de 2021 como, asimismo, en las presentaciones de los Estados de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF) y de los Estados de Situación Financiera Corriente (ESFC) desde junio de 2019; que no se obtuvo un saldo de deuda ni cuentas corrientes del pasivo en prestaciones médicas; que la contabilidad no pudo ser relevada por falta de presentación de los Libros Contables; y que únicamente se visualizaron dos órdenes de pago manuales, lo cual expone una carencia de control interno; y advirtió la irregularidad de la utilización de cuentas bancarias del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines para registrar ingresos y egresos correspondientes a la Obra Social, extremo agravado por la falta de documentación de sustento respecto a los Pasivos y Órdenes de Pago".

Además, indicaron que la obra social en cuestión "no garantiza el acceso a las prestaciones de salud de la población beneficiaria, ni tampoco la difusión del acceso a las mismas, y que incumple con la normativa de aplicación, particularmente en las áreas de discapacidad y salud mental; en cuanto al padrón de beneficiarios de la entidad, detectó que la misma declaró ante el organismo de control una población menor a la real y expresó que la recepción de aportes de afiliados empadronados, pero no declarados ante la citada repartición resulta un hallazgo de gravedad, situación agudizada por la inhabilitación que pesaba sobre esa Obra Social para ser receptora de opciones de cambio". A su vez, mencionaron que la Gerencia de Control Prestacional advirtió "la significativa cantidad de admisiones de beneficiarios de la obra social efectuadas en el año 2023 por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, lo que evidencia la falta de disponibilidad de oferta de prestadores contratados por la entidad y genera una situación irregular, máxime cuando el 89 por ciento de la población de la obra social son monotributistas sociales, siendo esta la población más vulnerable del Sistema".