La justicia ordenó a las prepagas “retrotraer sus precios a diciembre” y devolver lo cobrado de más

BUENOS AIRES, mayo 6: La medida cautelar fue anunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud, querellante en la causa iniciada en medio de los tironeos por el precio de la salud privada. Las empresas aseguran que acatarán el fallo.

A pocas semanas que el ministro de Economía criticara abiertamente a las empresas de medicina prepaga por el aumento de sus cuotas, la polémica parece tener un punto final. A través de un fallo judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) logró que se retrotraigan a diciembre los valores que pagan los afiliados, y devuelvan lo que cobraron "de forma abusiva". Así lo establece la medida cautelar firmada el viernes pasado por el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3 a cargo de Juan Rafael Stinco, quien admitió el pedido de la dependencia nacional y decretó una medida cautelar que le ordena a las prepagas a "retrotraer sus precios a diciembre". Al mismo tiempo ordena "efectuar los incrementos en las cuotas en base a la inflación que mide el INDEC", tal como ordenó la Secretaría de Comercio contradiciendo la desregulación ordenada por el aún vigente DNU 70/2023. El fallo, que afecta a un universo de 23 empresas que representan al 95 por ciento de los usuarios de entidad de medicina prepaga, establece que: "quedan sin efecto los aumentos realizados por las empresas desde el 1º de diciembre de 2023 en adelante; las empresas deben retrotraer los valores de cuota al 1º de diciembre de 2023 y actualizarlos según el índice de precios al consumidor publicado por INDEC; se fija un plazo de cinco días para que las empresas presenten un plan donde expliciten cómo van a devolver lo cobrado de más a la gente". Con el DNU 70/2023, "el Gobierno Nacional desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre obras sociales y prepagas e impulsar la libre competencia entre los distintos actores". Pese a esto, agregó la secretaría de Salud mediante un comunicado, "en los últimos meses muchas empresas del sector, aprovechándose de la situación privilegiada a la que accedieron por los subsidios que recibieron en los últimos años, quisieron compensar atrasos en los precios, producto de acuerdos que tenían con el gobierno anterior de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados".

Stinco también hizo lugar al pedido del Poder Ejecutivo para que las empresas de medicina prepaga devuelvan los montos que los usuarios pagaron en exceso. El juez indicó que el pago podrá darse como crédito a favor de los usuarios, para lo que les fijó a las prepagas un plazo de cinco días para que presenten un plan donde digan cómo será el mecanismo de devolución. La decisión de Stinco significó un salvavidas para el Gobierno que había encontrado resistencia en el Poder Judicial para conseguir un fallo favorable para la presentación de la Superintendencia de Salud, debido a que significaba retrotraer una decisión tomada por el propio Ejecutivo a fines de diciembre con el DNU 70/2023. Ante cada aumento anunciado desde diciembre, las empresas de medicina prepaga indicaban que lo hacían debido a la decisión tomada vía decreto de necesidad de urgencia. En ese sentido, la jueza Mercedes Maqueira se había declarado incompetente al sostener que la presentación de la administración de La Libertad Avanza (LLA) debía sumarse a un proceso colectivo que reclama la inconstitucionalidad de dos artículos del megadecreto. O sea, transformarse en una presentación del Ejecutivo contra sus propias medidas. Mientras la causa judicial continuó curso, la Secretaría de Comercio anunció el jueves el mecanismo a través del cual las empresas de medicina prepaga deberán calcular sus aumentos; una práctica en las antípodas de los principios defendidos por Milei respecto de la regulación autónoma del mercado. Algo similar a lo ocurrido en la negociación con las grandes empresas alimenticias para que frenen la estampida de precios. La Secretaría de Comercio informó que, en principio, el cálculo de aumento durará 5 meses, hasta septiembre, cuando el gobierno espera tener controlada la inflación y la economía con algún tipo de reacción. El tercer trimestre que Caputo ya prometió en la era Macri.

En la actualidad, el 36 por ciento de la población asiste al subsistema público, el 61 por ciento es cubierto por las obras sociales y el 13 por ciento restante contrata planes de salud con empresas de medicinas prepagas. La suma supera el 100 por ciento porque algunas personas tienen doble cobertura. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo de las cuotas de las prepagas ya representa el 30 por ciento del ingreso familiar promedio, casi triplicando la incidencia que tenía en el período 2013-2019. En noviembre de 2023, la tarifa de la prepaga representaba el 17 por ciento del ingreso familiar. En cuanto a la postura de las empresas, desde tres de las principales firmas del sector aseguraron al portal Infobae que están analizando el fallo, pero que van a acatarlo. "Se hará lo que dice la Justicia. Tenemos 5 días para presentar la propuesta de devolución. Son decisiones que las empresas, en general, vamos a acatar. No imagino a nadie incumpliendo", agregaron desde una de ellas. Durante este viernes, hubo contactos de la Secretaría de Comercio que conduce Pablo Lavigne con algunas empresas para ajustar el esquema de aumentos detallado ayer por el Gobierno y que las empresas ya venían aplicando. "Había algunas dudas, pero finalmente estaba todo bien. Y en el medio cayó este fallo. Vamos a ver cómo seguimos. La instancia de apelación es una opción, claro", aseguraron desde otra de las firmas del mercado. En esta materia, el Gobierno actuó en dos planos: por un lado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia les ordenó a las empresas de salud que acotaran sus aumentos al índice de precios al consumidor (IPC) por medio de una resolución administrativa; por el otro, la Superintendencia de Salud se presentó ante la Justicia con este pedido de devolución, que por supuesto deja lugar a la apelación de alguna de las empresas involucradas. El Gobierno, que había liberado los precios de la salud, retrocedió sobre sus pasos y comenzó con esta batalla, que le permitirá reducir el índice de precios al consumidor (IPC) entre medio y un punto en mayo, según cálculos privados.