Las prepagas rechazan aportar al Fondo Solidario de Redistribución: “hace inviable el sistema”

BUENOS AIRES, febrero 28: Las empresas de salud privada aseguran que el 20 por ciento que deben girar para este fondo por la desregulación de la seguridad es un "bombazo" que genera un nuevo problema.

Con tres decretos publicados en el Boletín Oficial la semana pasada, el gobierno nacional cumplió con su idea de desregular la seguridad social, permitiendo la libre elección de los trabajadores entre obras sociales y prepagas. La iniciativa, analizaron los especialistas, podría ser un golpe al financiamiento de los gremios, y favorecer a las empresas de la salud, pero las primeras reacciones no fueron tan entusiastas como se esperaban, por lo menos del sector privado. Es que entre las medidas, se decidió que las prepagas aporten un 20 por ciento al Fondo Solidario de Redistribución, creado para solventar gastos extraordinarios como tratamientos complejos y medicamentos de alto costo, y que suele ser un "botín" ya que el gobierno lo maneja discrecionalmente. El problema es que las entidades sindicales aportan un 15 por ciento. Ante esto, desde la Unión Argentina de Salud (UAS) rechazaron esta situación, y afirmaron que se trata de "un bombazo imposible que hace inviable el sistema, es algo que nosotros no podemos apoyar". Así lo dijo en una entrevista su presidente Claudio Belocopitt, quien criticó que se continúa "con un fondo que no funciona y ahora lo van a hacer mucho más grande". No es que nos quejamos, pero hablamos de un fondo de muchísima plata", deslizó marcando distancia con la administración de Javier Milei. Para el dirigente empresarial, el presidente no está al tanto de esos cálculos y de las consecuencias que representa para el sector. Es más, en diálogo con el portal Infobae dijo que para las empresas representa "bombazo imposible que hace inviable el sistema, es algo que nosotros no podemos apoyar. Venimos apoyando desde hace mucho, pero con esto no vamos a poder", advirtió.

Según establece la normativa reformada por estos decretos, las obras sociales sindicales se financian con los aportes de los trabajadores (cerca del 3 por ciento de sus sueldos) y de los empleadores, que aportan otro 5 por ciento aproximadamente. En este escenario, del aporte de cada afiliado, las entidades tenían que destinar 15 por ciento (si son sindicales) o 20 por ciento (si son de personal de administración o asociaciones empresariales) al Fondo Solidario de Redistribución. Ahora, las repagas sumarán recursos por el 20 por ciento de sus fondos, lo que generó el rechazo. En este sentido, Belocopitt quien es el titular de Swiss Medical, explicó que "en el sistema de derivación o triangulación de aportes está el 70 por ciento de los afiliados de la medicina prepaga. Son muy pocos los directos. Por lo tanto, ya veníamos aportando al Fondo Solidario de Redistribución". Además, señaló que "la plata en ese fondo no alcanza y cuando uno quiere pedir los reintegros, no los recupera nunca o se hace a destiempo", al tiempo que consideró "una barbaridad que el 20 por ciento de las cuotas de los afiliados se deriven al mismo". Si bien indicó que adhiere "a la idea del Gobierno de que la gente pueda elegir la derivación de sus aportes", aclaró que "el mercado está desregulado desde Menem, pero con las obras sociales en el medio, que nos contratan". Y detalló que "esa intermediación es la que quiere eliminar Milei, algo que coincide con las ideas de la libertad. Ahora, de ahí a lo que salió escrito, la situación es absolutamente diferente. La desregulación de Milei es buena, la idea general, pero crearon un nuevo impuesto que hace directamente inviables a las prepagas", reiteró Belocopitt.

El fondo, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, se creó en 1980 con el fin de reintegrar el dinero a las obras sociales en el caso de tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR), además de subsidiar a las obras sociales con menos recursos para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que fija el Ministerio de Salud. El Decreto 170/2024 publicado hace pocos días y que entrará en vigencia el 1 de marzo, iguala las condiciones de las obras sociales y las prepagas, integrando a estas últimas al marco regulatorio de la Ley 23.660 de obras sociales. En concreto, los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas al ingresar a un nuevo empleo, sin permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad. La nueva reforma establece el derecho a la libre elección que podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los agentes del seguro de salud (comprendidos en el artículo 1° de la Ley 23.660) entre cualquiera de las entidades incluidas en dicha norma. La legislación además especifica que el plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica. Según dicta el decreto, desde el uno de marzo regirá la normativa. Sin embargo, se estima que la fecha genuina será el primero de abril.